La lengua de signos irlandesa existía antes de que el Parlamento irlandés escribiera su nombre en una ley. Tenía usuarios, transmisión comunitaria, historia, variación y una relación propia con el cuerpo y el espacio. Lo que no tenía era el mismo tipo de fuerza frente a una ventanilla pública.

Esa diferencia parece pequeña hasta que alguien intenta usar un derecho. Una lengua puede estar viva en una familia, una escuela o una comunidad y, al mismo tiempo, volverse invisible ante un hospital, un tribunal o una administración. En ese punto, el problema no es si la persona sabe comunicarse. El problema es quién debe transformar la institución para que pueda entenderla.

La Irish Sign Language Act de 2017 cambió precisamente esa distribución de responsabilidades. Su sección 3 reconoce el derecho de los usuarios a emplear la ISL como lengua nativa y afirma el derecho de la comunidad a usarla, desarrollarla y preservarla. La frase importante no termina en el reconocimiento simbólico: enlaza ese derecho con un deber de los organismos públicos de proporcionar interpretación gratuita al acceder a prestaciones y servicios establecidos por ley.

La ley, por tanto, no declara solo que la ISL merece respeto. Convierte determinados encuentros con el Estado en problemas de diseño institucional. Una cita deja de ser únicamente una conversación entre dos individuos. También es una decisión sobre contratación, acreditación, tiempo, presupuesto, aviso previo, tecnología y responsabilidad.

La sección 6 formula ese deber con una expresión deliberadamente práctica: el organismo público debe hacer todo lo razonable para asegurar interpretación a una persona competente en ISL que no pueda oír o comprender inglés o irlandés cuando solicita un derecho o servicio legal. La interpretación no debe costarle a la persona. Además, un servicio remoto por internet puede cumplir la obligación si el usuario consiente.

Ese consentimiento importa. Una pantalla no es automáticamente equivalente a una presencia física. Puede resolver distancia y disponibilidad, pero también introduce tamaño de imagen, conexión, privacidad, turnos visuales y contexto. La ley permite la vía remota; no afirma que cualquier conexión improvisada sea suficiente para cualquier situación.

La sección 7 añade otra pieza: un tribunal o un organismo público no puede cumplir contratando a cualquiera que diga interpretar. La competencia debe estar verificada mediante un sistema de acreditación financiado por el Estado. El acceso lingüístico no consiste solo en que aparezcan manos en una pantalla. También exige confianza en la precisión de lo que pasa entre dos lenguas.

Aquí se ve el cambio profundo. Antes de una obligación jurídica, la persona puede acabar cargando con casi todo: buscar intérprete, explicar por qué lo necesita, negociar el coste, aceptar que un familiar traduzca o posponer el servicio. Cuando la ley funciona, parte de esa carga cambia de lado. La institución debe anticipar que existen usuarios de ISL y preparar una respuesta que no dependa de favores.