Gulliver presenta una máxima política conocida: recompensa y castigo serían los dos ejes sobre los que gira todo gobierno. Su sorpresa consiste en que, según él, ninguna nación aplica de verdad ambas partes salvo Lilliput. Las leyes europeas que conoce amenazan al infractor, pero apenas convierten la obediencia sostenida en un mérito público verificable.

En Lilliput, una persona puede demostrar que ha observado estrictamente las leyes durante setenta y tres lunas. La prueba da derecho a determinados privilegios, ajustados a su condición social, y a una suma proporcional de dinero procedente de un fondo reservado para ese fin. El sistema no premia una acción heroica aislada; reconoce una conducta prolongada y documentada.

El beneficiario recibe además el título de snilpall, que Gulliver traduce como «legal». El título se añade al nombre, pero no pasa a los descendientes. El reconocimiento pertenece a la conducta demostrada por una persona concreta y no se convierte automáticamente en patrimonio familiar. Esta limitación separa el honor cívico de la nobleza hereditaria.

Los liliputienses consideran defectuosa una política basada únicamente en penas. Su estatua de la Justicia tiene seis ojos: dos hacia delante, dos hacia atrás y uno a cada lado, como emblema de vigilancia completa. En la mano derecha lleva abierta una bolsa de oro; en la izquierda, una espada envainada. La imagen afirma que la justicia está más dispuesta a recompensar que a castigar.

La propuesta amplía lo que un Estado puede hacer con la ley. No solo fija una frontera y espera la infracción. También crea incentivos, registra trayectorias y distribuye reconocimiento. La obediencia deja de ser invisible. En teoría, el gobierno declara que el cumplimiento sostenido produce un valor público que merece una devolución material y simbólica.

Sin embargo, el mecanismo no equivale a un salario universal por ser virtuoso. Los privilegios y el dinero varían según la calidad o condición de vida del beneficiario. La recompensa confirma la jerarquía social al mismo tiempo que reconoce la conducta. Tampoco sabemos qué pruebas se admiten, quién las controla o cómo se protege el proceso frente al favoritismo.

El capítulo vincula esta institución con otro principio: para ocupar cargos públicos, los liliputienses originales preferían buenas costumbres a talentos excepcionales. Creían que la verdad, la justicia y la templanza estaban al alcance de la mayoría, mientras que una inteligencia brillante sin virtud podía multiplicar y defender mejor la corrupción. La recompensa legal forma parte de una teoría más amplia sobre la confiabilidad del gobernante.

Gulliver introduce después una advertencia decisiva. Aclara que describe las instituciones originales, no las corrupciones escandalosas en las que ha caído el país. El baile sobre la cuerda, los saltos para conseguir cargos y las insignias obtenidas mediante espectáculo pertenecen al Lilliput político que vemos actuar, no al ideal jurídico que el narrador acaba de exponer.

La distancia entre ambas capas impide leer el sistema como una solución ofrecida sin ironía. Una sociedad puede proclamar que recompensa la virtud y, al mismo tiempo, repartir empleos mediante destreza cortesana, facción y proximidad al emperador. El diseño institucional no garantiza su ejecución, del mismo modo que una espada envainada no impide que el poder castigue cuando le conviene.

La idea conserva, pese a ello, una pregunta útil. ¿Qué aprende una comunidad cuando solo registra delitos y nunca documenta el cumplimiento continuado? Lilliput responde creando dinero, privilegio y nombre para la obediencia. Swift añade la corrección incómoda: incluso una institución diseñada para premiar la virtud puede sobrevivir como símbolo mientras la práctica política recompensa otra cosa.