Memoria y archivos
Don Quijote creyó que el permiso de imprimir certificaba la verdad
El propio Quijote abre con tasa, fe de erratas y privilegio real. Cincuenta capítulos después, su protagonista sostiene que un libro autorizado y minucioso no puede mentir.

Portada de la primera edición del Don Quijote, fechada en 1605. En su parte inferior declara «Con privilegio», la misma clase de autorización que el protagonista convierte erróneamente en prueba de verdad en el capítulo L.
Al final de la primera parte del Quijote, el caballero viaja encerrado en una jaula y discute con un canónigo. El canónigo intenta convencerlo de que los libros de caballerías mezclan personajes posibles, recuerdos históricos y aventuras imposibles. Don Quijote responde con un argumento que parece más ordenado que muchas de sus fantasías.
Los libros, dice, están impresos con licencia de los reyes. Han sido examinados y aprobados. Los leen y celebran ricos y pobres, letrados e ignorantes, plebeyos y caballeros. Además, cuentan padres, madres, patrias, edades, lugares y hazañas «punto por punto y día por día». Después formula la pregunta que sostiene todo su razonamiento: ¿habían de ser mentira?
La escena es cómica porque Don Quijote reúne señales reales y extrae de ellas una conclusión que no se sigue. La autorización existe. La aprobación existe. El público existe. Los detalles existen. Lo que falla no son los indicios, sino la pregunta que obliga a contestar a cada uno.
Cervantes preparó la trampa desde las primeras páginas del propio libro. Antes de que empiece la novela aparecen una tasa, un testimonio de erratas y una cédula real. La portada declara que la obra se imprimió «con privilegio» en Madrid, en el taller de Juan de la Cuesta. El objeto que el lector tiene delante exhibe exactamente la clase de autoridad que Don Quijote invocará cincuenta capítulos después.
Pero los preliminares explican qué significaba esa autoridad. La cédula concedía a Cervantes, o a quien recibiera su poder, la facultad exclusiva de imprimir el libro durante diez años en los reinos de Castilla. Prohibía que otros lo imprimieran o vendieran sin permiso y establecía penas para quien violara el privilegio.
También exigía comparar cada impresión con el original aprobado, corregirla, incorporar las erratas señaladas y fijar el precio antes de ponerla a la venta. La tasa calculó cuánto podía cobrarse por los pliegos. Eran controles jurídicos, comerciales y materiales. Respondían a preguntas concretas: ¿quién puede imprimir esta obra?, ¿coincide el ejemplar con el texto autorizado?, ¿qué correcciones y precio debe llevar?
Ninguno de esos documentos afirmaba que las aventuras narradas fueran hechos históricos. La licencia permitía imprimir una obra; no convertía sus gigantes, encantamientos o caballeros en personas verificadas. Don Quijote toma una credencial auténtica y la extiende fuera de su alcance.
Cervantes hace todavía más precisa la broma. No coloca el argumento en un panfleto clandestino o en un manuscrito anónimo, sino dentro de una novela legalmente autorizada. El mismo libro demuestra que una obra de ficción puede obtener licencia real sin dejar de ser ficción. La forma material del Quijote refuta la inferencia de su protagonista.
La segunda prueba de Don Quijote es la popularidad. Los libros de caballerías son leídos por personas de todas las clases y condiciones. Para él, una aceptación tan amplia sería difícil de reconciliar con la falsedad. La multitud funciona como una especie de jurado distribuido: si tantos disfrutan y repiten las historias, algo verdadero debe de haber en ellas.



